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Constitución colombiana de 1886Página uno del ejemplar original de la ConstituciónRatificada el 4 de agosto de 1886Autor(es)Delegados del Consejo NacionalFirmantesDos delegados por estado (18 en total), un delegado miembro del partido conservador y un delegado del partido liberal de tendencia moderada. Se excluyeron los radicales liberales.ObjetivoConstitución nacional para sustituir la Constitución de Rionegro
La cámara, las asambleas departamentales y los concejos municipales eran elegidos por voto popular. El Senado fue elegido por las asambleas departamentales. El sufragio para las elecciones de ámbito nacional era limitado: los hombres debían ser mayores de 21 años y estar alfabetizados. Sin embargo, los hombres analfabetos podían votar en las elecciones regionales.
Este método de aplicar los cambios constitucionales en función del viento partidista del momento, sin que tuvieran que ser fruto del acuerdo de los diferentes partidos políticos o de la voluntad popular, fue una de las causas de la polarización bipartidista y de la violencia en Colombia durante muchos años. La población comenzó a identificarse más con el concepto de partido que con el de nación. El segmento liberal radical nunca se reconcilió con la pérdida del poder y en tres ocasiones, entre 1885 y 1895, intentó ganarlo por la fuerza. El partido liberal tardó 44 años (hasta 1930) en recuperar el poder. La Constitución de 1886 permaneció vigente durante más de 100 años, guiando el mandato de 23 presidentes de la República de Colombia, hasta 1991.
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La Constitución Política de Colombia de 1991, es la Constitución de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 el jueves 4 de julio de 1991, y es conocida también como la Constitución de los Derechos Humanos. Sustituyó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria,[1] con ideas del también liberal Luis Carlos Galán.
A finales de la década de 1980, Colombia se enfrentaba a un periodo de violencia sin precedentes. Aunque la violencia política había sido habitual en la historia del país desde el siglo XIX, y Colombia estaba inmersa en un conflicto armado principalmente contra los grupos guerrilleros desde la década de 1960, en la década de 1980 la lista de actores involucrados en el conflicto armado se hizo cada vez más compleja y la violencia adoptó nuevas formas. El conflicto implicaba ahora a nuevos movimientos guerrilleros, grupos paramilitares y violentos cárteles de la droga (el más famoso, el Cártel de Medellín de Pablo Escobar)[2] En el plano político, el acuerdo del Frente Nacional (1958-1974) entre los dos partidos dominantes de Colombia, los Conservadores y los Liberales, se consideró ampliamente como una deslegitimación del sistema político al limitar severamente la participación política de terceros partidos y otros movimientos[3]. [Aunque la aplicación estricta del Frente Nacional finalizó con las elecciones de 1974, los aspectos de reparto de poder del sistema sólo se desmantelaron gradualmente: sólo en 1986 el presidente Virgilio Barco formó un gobierno liberal de partido único, después de que los conservadores rechazaran su oferta de tres ministerios en su administración[4].
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The Political Constitution of Colombia has a particular interest in environmental issues. As part of this, the constitutional framework includes the possibility of introducing international environmental norms into the Colombian legal system. As a general rule, and once they have gone through the process established by the Constitution, these norms will enter the national legal system and will have the same rank as a law of the Republic. However, exceptionally, the Constitutional Court has recognized that some norms of international law may be considered part of the Constitution and, therefore, have the same normative rank. This doctrine has been called «Bloque de Constitucionalidad». In recent rulings, the Constitutional Court has held that some international environmental norms are part of the Constitution, through the Block of Constitutionality, and therefore have the same normative hierarchy. This is the particular case of the international environmental principle of precaution, which for the Court has been «constitutionalized». Due to the implications of this recent but already consistent jurisprudential position for Colombian and international law, this article addresses the context of such jurisprudence, situates it from a comparative perspective and suggests some perspectives for this incipient constitutional doctrine.
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Colombia es un Estado soberano situado en América del Sur. Es miembro de las Naciones Unidas desde el 5 de noviembre de 1945,[1] y es parte de diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos,[2] además de contar con una serie de leyes internas relativas a la protección de los derechos humanos. 3] Sin embargo, el historial de derechos humanos de Colombia a menudo se contradice directamente con las leyes y los acuerdos a los que se ha comprometido; en 2007, HRW se refirió a Colombia como el país con el «peor historial de derechos humanos del hemisferio occidental» [4][5][6]. [4][5][6][7] Lo mismo se dijo de Guatemala en 1998,[8] así como de Cuba en 2012[9] y de Venezuela en la actualidad[10] En el informe anual de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido correspondiente a 2010, Colombia figura como uno de los 20 «países preocupantes»[11].
Las Naciones Unidas establecieron en 1966 dos tratados internacionales en materia de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus dos Protocolos Facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos tratados, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Colombia firmó ambos tratados en 1966 y su ratificación se completó en octubre de 1969[12][13].
